Han transcurrido más de 80 días desde que el Gobierno Peruano decretó el Estado de Emergencia para evitar la propagación del COVID-19. En tal sentido, se publicaron diferentes normas para hacer frente al impacto económico que el Estado de Emergencia originó. Es así que el 27 de marzo de 2020 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia No. 033-2020 por el cual se autoriza excepcionalmente a los Gobiernos Locales a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar (“CBF”) en favor de la población vulnerable. La intención fue buena – aunque generó aglomeración de personas en algunos distritos -hubo un sector de dicha población que, si recibió dicho apoyo, y otro que no. ¿Por qué?
Consideramos que una razón por la cual, determinada parte de la población más necesitada no recibió dicho apoyo, se debe a que los Gobiernos Locales no cuentan con una base catastral actualizada que les precise las zonas en donde se encuentran ubicadas las viviendas precarias y de población vulnerable.
Pero, qué es el catastro y para qué lo queremos.
El catastro legalmente es considerado como el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, incluyendo sus características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos. A nivel urbano, este registro es llevado a cabo principalmente por los Gobiernos Locales, mientras que el catastro rural es realizado por el Ministerio de Agricultura (“MINAGRI”).
En este contexto, el catastro urbano es un instrumento importante para que los Gobiernos Locales identifiquen con exactitud los terrenos dentro de su territorio, el tipo de construcciones existentes (antigüedad, material estructural, estado de conservación), la zonificación y uso del suelo (residencial, vivienda, comercial, industrial), permite determinar de manera correcta la condición de cada ocupante del predio, y con estos elementos los Gobiernos Locales podrían determinar impuestos más justos y obtener una recaudación superior pero de manera formal y proporcional, consiguiendo así una mayor fuente de financiamiento para que desarrollen más obras en beneficio de la población. Un sistema moderno y actualizado de catastro es el eje de la planificación urbana, permite orientar eficazmente la inversión en proyectos necesarios tales como redes de agua, desagüe, salud, educación, transporte, seguridad, deporte y cultura.
Según información del Registro Nacional de Municipalidades del 2017, elaborado por el INEI, de las 1.851 municipalidades provinciales y distritales, solo el 55,2% ha realizado alguna vez un levantamiento catastral. Sin embargo, de aquellos que han levantado catastro solo el 20,2% ha realizado una actualización del mismo. Según antigüedad, un cuarto de las municipalidades realizó el último registro catastral hace más de diez años. Además, se estima que las municipalidades que actualizaron este registro entre 2013-2017 se demoraron, en promedio, seis años. Respecto a Lima Metropolitana, de las 43 municipalidades, cuatro nunca han levantado catastro: Punta Negra, el Rímac, Santa Anita y Santa Rosa. Sin embargo, 23 de las 39 municipalidades que han levantado catastro no lo han actualizado; el distrito con el catastro más antiguo es Magdalena, que lo levantó en 1992 y aún no lo ha actualizado. Aquellas que sí han realizado una actualización han demorado, en promedio, ocho años desde el levantamiento. (Fuente IPE – Instituto Peruano de Economía)
A lo largo de los años no se había logrado propiciar el proceso catastral nacional, ni de predios urbanos ni de parcelas rurales hasta que el año 2004 mediante Ley 28294 se creó el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios (SNCP) para darle el impulso que necesitaba para la elaboración del catastro de predios urbanos y rurales de todo el país. Sin embargo, a pesar de la existencia de la normativa técnica en materia catastral, de los manuales de los procesos estandarizados para el levantamiento, mantenimiento y actualización de los predios urbanos y rurales hasta la fecha no se ha podido generar el catastro nacional, según el arquitecto urbano Aldo Facho Dede (Gestión, enero 2020) en el Perú solo 8, de un total de 530, municipalidades cuentan con procesos catastrales alineados al SNCP, debido, principalmente, a la inadecuada gestión en dicha materia porque para actuar y tomar decisiones, es necesario conocer al territorio, el cual debe estar geolocalizado en forma precisa. Esta situación se ve reflejada en la informalidad de la tenencia de la tierra, los conflictos sobre la titularidad de derechos de posesión y propiedad, conflictos por ocupación de áreas con valor ambiental y cultural, ocupación del suelo en zonas de riesgo, entre otros resaltados por diversos estudios del Banco Mundial[1] y la FAO[2].
Este escenario podría cambiar, gracias a que el Banco Mundial aprobó el Proyecto de Catastro Nacional Urbano, el cual beneficiará a 22 municipios ubicados en Lima, Chiclayo, Lambayeque y Piura, pues impulsaría el desarrollo de esta herramienta con supervisión y asesoramiento técnico. Dicho proyecto se está financiando con un préstamo de US$ 50 millones, no obstante, el monto total de la inversión es de US$ 80.9 millones, de los cuales US$ 30.9 millones provienen del presupuesto público. Dicho proyecto será ejecutado por el Ministerio de Vivienda a través de COFOPRI con el apoyo de las Municipalidades distritales y provinciales.
Hasta el momento, El COVID 19 no solo ha demostrado las falencias de nuestro sistema de salud, sino también la de los diferentes sistemas de nuestro país, evidenciando sus debilidades y, aunque lo creíamos, no somos una sociedad resiliente, que no aprendimos de las crisis y desastres naturales que nos tocó vivir como país, que no nos unimos y esforzamos para promover lo realmente necesario como sociedad. Si creíamos haber avanzado en algo, hoy nos damos cuenta de que hemos dado varios pasos adelante, pero muchos pasos más hacia atrás.
La falta de un sistema integrado catastral perjudicó el apoyo inmediato a las familias más vulnerables de nuestro país, el coronavirus sorprendió al mundo, al Perú, y no fue ajeno a muchos de nuestros gobiernos locales, que literalmente estuvieron (están) a ciegas dentro de su jurisdicción al no conocer con exactitud su población más necesitada, que en pleno siglo XXI se recurra a los pobladores afectados para que ellos mismos elaboren un padrón a lapicero y papel del número de viviendas, de familias, niños y ancianos, cuando toda esta información y mucho más debería estar sistematizada y formar parte de una plataforma digital. No esperemos que ocurra otra pandemia o un desastre nacional para darnos cuenta de las carencias que tienen nuestros sistemas actuales. Por ello es imprescindible nuestra atención e impulso desde nuestras diferentes tribunas en el Proyecto de Catastro Nacional, puesto que significa una gran oportunidad para obtener ciudades estables, saludables, seguras e inclusivas.
Dustin Aredo Campos, abogado especialista en derecho inmobiliario y urbanismo.
[1] http://documentos.bancomundial.org/curated/es/981211468196152402/pdf/101383-REVISED-PUBLIC-SPANISH-ciudadesweb.pdf